El Gobierno gallego benefició al supuesto narco detenido

Manuel Osorio Grande, detenido esta semana, recibió al menos una subvención del Instituto Gallego de Promoción Económica

RAQUEL ÁLVAREZ 

Furgoneta de la Guardia Civil en una cárcel. Efe archivo

Furgoneta de la Guardia Civil en una cárcel. Efe archivo

Entre las personas detenidas esta semana en una operación contra el narcotráfico desarrollada en la comarca pontevedresa de O Salnés se encuentra el cambadés Manuel Osorio. Un viejo conocido en el mundo judicial por las investigaciones que se llevaron a cabo en la operación Campeón, un mediático proceso sobre un fraude de subvenciones públicas y tráfico de influencias.

En este caso, Osorio se vio señalado, tal y como recogió el informe de Vigilancia Aduanera en una investigación por narcotráfico, que aunque fue archivada, destapó la Operación Campeón, por  una “vinculación más que estrecha, ya que sería su testaferro en las sociedades Bussines Dubai S.L. y Tresnaves Arousa S.L., sociedades utilizadas por Jorge (Dorribo) para la realización de facturas a diferentes farmacias, así como la compra de al menos una embarcación de alta velocidad”. Y es precisamente la primera empresa, en la que figura como administrador el detenido, la que logró una subvención del organismo público autonómico por valor de 9000 euros para “fomento de contratación de estabilidad”.

A pesar de que el cambadés fue detenido e imputado en la Campeón en 2011 por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsificación documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al final quedó en libertad sin cargos. Al contrario que los exdirectivos del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva en el mismo caso, el primero que afectó a los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. La sentencia que fue emitida por la Audiencia Provincial de Lugo, dejó en evidencia la decisión del gobierno gallego de no acusar a los dos cargos autonómicos, al contrario de lo que hizo la Fiscalía.

En su momento, el propio presidente Feijóo hizo responsables de esa decisión a los servicios jurídicos de la Xunta pero añadió que solo veía en los cargos públicos “mala gestión” pero no “responsabilidad penal” como la que certificó la sentencia. Sin embargo, a los dos responsables del IGAPE un pacto con la fiscalía les evitó males mayores. En el caso de Varela, que había llegado a la Administración autonómica de la mano de Javier Guerra, el primer conselleiro de Economía de la “era Feijóo”, tuvo que asumir la imposición de multas de más de 2.000 euros y la condena de un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Mientras que su segundo, Carlos Silva, pagó más de 2000 euros de sanciones y un año de suspensión de empleo público.

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